El curso escolar 2022-2023 viene marcado por el inicio de la aplicación de la ley educativa aprobada a finales de diciembre de 2020 por el Gobierno de Pedro Sánchez. Este curso la norma se desarrollará de forma solo en los cursos impares: primero, tercero y quinto de Primaria; primero y tercero de la ESO, y primero de Bachillerato. El curso 2023-2024 será el turno del resto de cursos y de la nueva prueba de acceso a la universidad. Entre las novedades que trae la Lomloe –Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica de Educación de 2006– destaca la desaparición de los boletines de evaluación y que no habrá notas numéricas, salvo en Bachillerato. A final de curso las familias de los alumnos de 1º, 3º y 5º de Primaria recibirán las calificaciones sin números, del excelente al insuficiente. Por lo que se refiere a los estudiantes de 1º y 3º de ESO, los padres serán informados sobre el desarrollo de competencias clave. En este caso se usarán los conceptos óptimo, adecuado, básico, inadecuado o inexistente.
Formación y nuevos materiales
Los sindicatos educativos ya denunciaron en mayo la premura de la entrada en vigor de la Lomloe, también conocida como ‘ley Celáa'. La Conselleria d'Educació lo admitió, pero señaló que «viene derivado del calendario de aplicación de la nueva ley» y anunció una propuesta de flexibilización de los plazos así como de las tareas que tienen que hacer los centros. Destaca, por su relevancia, la necesaria formación del profesorado que se prolongará durante todo el curso; y la elaboración de los nuevos materiales curriculares. Todo ello exige un enorme esfuerzo a los docentes y a los alumnos afectados.
Incertidumbres y movilizaciones
Las incertidumbres que origina la precipitada aplicación de la Lomloe en Balears motiva el anuncio de movilizaciones de los profesores para expresar su descontento. Una norma de esta naturaleza debe estar consensuada y contar con el apoyo de los profesionales de la Educación, en lugar de mirar sólo los tempos políticos.