La situación que viven los vecinos de la avenida palmesana de San Fernando, delante del propio cuartel central de la Policía Local, es un claro ejemplo de falta de eficacia contra la okupación de inmuebles. El comportamiento incívico de las personas que entraron de manera ilegal en una sucursal de una entidad bancaria exaspera al vecindario, que contempla con desesperación la falta de diligencia para resolver una situación que genera graves problemas de convivencia y degrada todo el barrio. Lo más sorprendente es que esta es una situación que lleva prolongándose durante meses sin que, hasta el momento, haya logrado reconducirse.
Burocracia exagerada
Mientras que la okupación de viviendas ha logrado un marco legal que permite el desalojo con cierta diligencia, lo cierto es que cuando se trata de locales comerciales, como es el caso, la legislación amplía los plazos de intervención de una manera exagerada. De estas diferencias legales son cada vez más conscientes los grupos que se alojan en este tipo de inmuebles, aunque el impacto en el entorno social es muy alto, entre otras razones porque se encuentran a pie de calle. Resulta obvio que es preciso acometer con urgencia los cambios necesarios en la legislación actual para que estas okupaciones no se eternicen y con más motivo cuando generan un nivel creciente de enfrentamientos y deterioro de la vida social en el barrio.
Los vacíos legales
Los okupas son cada vez más conocedores de los resquicios legales que les permiten asaltar un inmueble con la máxima impunidad. La de la avenida de San Fernando no es la primera sucursal bancaria invadida; aunque en muchas ocasiones los locales no eran de su propiedad. La okupación cuenta en determinados sectores de la sociedad con un elevado grado de aceptación o consentimiento, cuando, en realidad, se trata de un ataque directo e injustificado a la propiedad privada.