El Gobierno de coalición espera aumentar los ingresos fiscales en 3.140 millones de euros el próximo año con un nuevo impuesto sobre el patrimonio y aumentos del impuesto de sociedades y de las plusvalías. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció un tributo sobre la riqueza que se impondrá en 2023 y 2024, denominado «impuesto de solidaridad», a unas 23.000 personas con activos de al menos 3 millones de euros. También aumentará el gravamen sobre las ganancias de capital por encima del umbral de 200.000 euros y sobre las empresas con al menos 200 millones de euros de ingresos anuales, que se aplicará de forma temporal. Ante la demanda de los consumidores de rebajar el IVA de los productos básicos, el Gobierno tiene previsto reducir el impuesto de los productos de higiene femenina y los preservativos, pero no contempla cambiar la fiscalidad de los alimentos.
Críticas y desacuerdo
Las comunidades gobernadas por el PP, como Madrid, y también Vox expresaron su desacuerdo, aunque eso no es ninguna noticia. El gobierno autonómico de Madrid tildó las medidas de «hachazo fiscal», aunque por el camino olvidó el ‘dumping' fiscal que puso en práctica Esperanza Aguirre en la capital. Vox por su parte, auguró que no serán temporales. Al mismo tiempo, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado señaló que España necesita una reforma fiscal en profundidad, y «no de parches de corte electoralista».
Lucha contra el fraude y la evasión
El Ejecutivo también bonificará el IRPF a las rentas de hasta 21.000 euros, lo que beneficiará a la mitad de los trabajadores. Estas decisiones generan controversia, como denuncian los técnicos del Ministerio de Hacienda al criticar que la propuesta «margine» el refuerzo de la lucha contra el fraude y la evasión para aumentar la recaudación. Son medidas necesarias que no puede retrasar el Gobierno de PSOE-Podemos para mejorar la eficacia de la gestión tributaria.