La incorporación al debate sobre la limitación de ventas de inmuebles a extranjeros del Govern ha generado la lógica alarma entre los grupos inversores, los cuales perciben una importante escalada en el rechazo a este tipo de operaciones en las Islas. Formaciones políticas como Més o Proposta per les Illes también se han manifestado a favor de una reglamentación restrictiva del acceso de los no residentes en Balears a casas o pisos, medida con la que se pretende frenar el encarecimiento del mercado inmobiliario o el proceso de gentrificación de determinados enclaves ciudadanos. Debe quedar claro desde el primer momento que cualquier pretensión en esta línea contraviene la reglamentación europea vigente.
Un mercado distorsionado.
Es indudable que el mercado inmobiliario en Balears, de manera mucho más grave en Mallorca y Eivissa que en Menorca, al menos por el momento, sufre desde hace ya unos años una presión desmesurada por parte de la inversión extranjera que ha disparado los precios, tanto en obra nueva como en vivienda usada. En rústico y en urbano. La oferta de lujo, inalcanzable para la mayoría de las economías locales, se impone de manera casi exclusiva en los catálogos de las inmobiliarias de las Islas para responder a unos propietarios que buscan el buen clima, el paisaje y, también, aspiran al negocio de la especulación de un mercado al alza.
Otras salidas.
Diagnosticado el problema, las fuerzas políticas no deben obstinarse en presentar propuestas que son irrealizables en el marco jurídico español y europeo; datos que conocen a la perfección de antemano. Exigir la residencia previa a un ciudadano de la UE para adquirir una propiedad en Balears exigiría el cambio del tratado de adhesión que firmó España, mientras queda por aclarar en que condiciones podrían hacerlo los extracomunitarios. Parece más razonable apostar por soluciones prácticas para abaratar el precio de la vivienda y huir del efectismo populista.