La entrada en vigor de la Ley de Garantías de la Libertad Sexual, más conocida como la del ‘solo sí es sí', promovida con gran alarde publicitario por el Ministerio de Igualdad, al frente del cual está Irene Montero, genera unas consecuencias inesperadas para sus promotores. La modificación, a la baja, de determinadas penas y la modificación de algunos tipos penales ha provocado la excarcelación de algunos condenados por delitos sexuales; dos de ellos, precisamente, en Palma. La indignación de la ministra Montero le ha llevado a calificar de machistas a los jueces que han autorizado las liberaciones, mientras el Consejo General del Poder Judicial y las cuatro asociaciones judiciales han rechazado de manera contundente las palabras de la integrante del Gobierno.
Pésima redacción.
Lo ocurrido, que ya había sido advertido desde diversos estamentos judiciales, es la consecuencia directa de pretender réditos políticos inmediatos mediante la aprobación de leyes de enorme trascendencia y complejidad. La norma que debía evitar episodios como el de ‘la manada' –el caso de la violación grupal de una joven en las fiestas de San Fermín de 2016– se ha convertido, debido a una pésima y confusa redacción, en un coladero de rebajas de penas que conlleva la liberación de los implicados. La reacción de la ministra Montero es inaceptable, entre otros motivos porque los jueces están obligados a interpretar las leyes en beneficio de los reos; pretender lo contrario contraviene el marco jurídico español.
Corrección inmediata.
En lugar de tildar de machistas a los jueces, además sin ningún tipo de matiz o discriminación, el equipo del Ministerio de Igualdad debería esmerarse en proponer –con urgencia– las modificaciones necesarias en la ley para que los jueces tengan las herramientas adecuadas para actuar contra la violencia sexual; los lamentos actuales delatan su inoperancia.