La Asociación de Madres y Padres de Personas con Discapacidad de las Illes Balears (Amadiba) prepara un procedimiento contencioso-administrativo contra el Consell d'Eivissa para reclamar los 2,2 millones de euros por los servicios implementados en la isla a petición de la institución insular entre 2017 y 2019. Los servicios jurídicos contratados por Amadiba advierten que la puesta en marcha de la vía judicial implicará emprender acciones contra todos los responsables de que este proceso no cumpliera con la legalidad, es decir, los responsables políticos del ejecutivo de aquel momento, formado por PSOE y Podemos.
Un ejemplo de mala gestión.
Este periódico ha ido informando sobre las supuestas irregularidades cometidas la pasada legislatura con la contratación de Amadiba sin ninguna cobertura legal y administrativa. Es mucho más criticable que estas irregularidades se hayan cometido por incompetencia de los gestores políticos hacia una entidad social. Fueron precisamente los que presumen de dar prioridad a la política social los que dejaron a la intemperie jurídica a Amadiba. El problema es que la entidad ha dejado de cobrar por un servicio que realizó y que fue de vital importancia para Ibiza. Amadiba ha estado al borde de la ruina.
El papel de Vicent Torres.
Capítulo aparte merece el papel del socialista Vicent Torres, presidente del Consell cuando se contrató a Amadiba. Torres se ha inhibido con este asunto y ni siquiera quiso firmar un documento donde se le preguntaba si Amadiba había realizado trabajos para la entidad. El todavía portavoz socialista se ha entretenido durante esta legislatura con asuntos mucho menores y casi anecdóticos (algunos de ellos vinculados con este grupo mediático, su gran obsesión) olvidando cuál era su responsabilidad la pasada legislatura. El contencioso de Amadiba pondrá a cada uno en su sitio, pero lo más importante es que esta entidad social recupere el dinero que por incompetencia de algunos políticos con nombres y apellidos no ha podido cobrar.