La representación de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS) en Balears ha mantenido contactos con diversas formaciones políticas para que sus reclamaciones figuren en sus respectivos programas electorales. La propuesta, de aceptarse, supondría el reconocimiento y el apoyo explícito al ejercicio de la prostitución. Dos partidos, el PSIB y Vox, se han negado a escuchar las reivindicaciones del, hasta ahora, único colectivo en España –aunque con apenas 600 afiliados–. En esencia, reclama la legalización de esta actividad como principal instrumento para defender los derechos de quienes practican la prostitución y protegerlos de la trata. El tema plantea numerosas aristas, pero el limbo jurídico actual de esta actividad en nuestro país en poco o nada contribuye a resolver el problema.
La libertad individual.
Desde OTRAS se antepone la libertad individual de las personas que quieren dedicarse a la prostitución, en contraposición a aquellas que son obligadas por las mafias en muchas ocasiones en condiciones infrahumanas o directamente de esclavitud. Reclaman protección policial para su ejercicio y el reconocimiento de su trabajo por parte de la Seguridad Social. Se trata de la normalización en definitiva de un comercio tabú durante siglos y frente al que los intentos de abolición en diversos países han fracasado o, en todo caso, no han dado los resultados previstos.
Un tema incómodo.
La prostitución es una cuestión que incomoda y divide a la sociedad y, por extensión, a los partidos. La interferencia política en las decisiones personales siempre genera controversia pública, campo en el que existen límites que se han acabado modificando con el tiempo. OTRAS, alguno de cuyos planteamientos son cuestionables, pone el tema de la legalización o del reconocimiento público de la prostitución sobre el tapete en las Islas. Demorar el debate no es, en esta ocasión, la mejor opción.