La eliminación del delito de sedición promovida por el Gobierno ha posibilitado la desactivación de la causa abierta contra los 22 inmigrantes ilegales que protagonizaron, en noviembre de 2021, el aterrizaje del primer ‘avión patera' en Son Sant Joan. Todos ellos han sido liberados, toda vez que sólo les quedaría pendiente un posible delito de coacciones que también quedará suspendido por la expulsión del país; cuestión pendiente todavía de la decisión definitiva de la Audiencia provincial. Aquella masiva entrada de inmigrantes en el país, que obligó al cierre del aeropuerto por la invasión de las pistas, no tenía precedentes en España y supuso una innovación en los modos de la entrada ilegal en un país de la Unión Europea.
Impacto mediático
El desembarco de parte del pasaje de un avión marroquí en Son Sant Joan cuando se dirigía a Turquía, una escala forzada por la supuesta indisposición de uno de sus pasajeros, tuvo una enorme difusión en los medios de comunicación, tanto españoles como extranjeros. Suponía un importante salto cualitativo de las mafias que organizan las entrada ilegales de inmigrantes. Esta nueva modalidad alarmó a todos los países europeos, no tanto por su número como el caos que podía generar en las instalaciones aeroportuarias. Son Sant Joan fue un buen ejemplo de ello y a raíz del suceso se activaron nuevos protocolos de control y vigilancia en circunstancias similares.
Perplejidad ciudadana
Lo más sorprendente es que España no haya logrado resolver jurídicamente este rocambolesco episodio, en especial por hacer desaparecer el principal delito –la sedición– por el que los participantes se debían enfrentar a una petición de cárcel de hasta cinco años. El de coacciones apenas podría suponer tres años de los que la mitad ya han transcurrido en prisión preventiva. El desenlace final del episodio invita al escepticismo con respecto a la eficacia jurídica de nuestro país.