La relación de exigencias que plantea Vox en Balears para dar su apoyo a la investidura de la candidata del PP, Marga Prohens, y además entrar a formar parte del Govern incluye la derogación de leyes de enorme impacto y sustentadas en un amplio consenso político y social. Pretender la supresión de la Ley de Normalización Lingüística o la de recuperación de desaparecidos durante la Guerra Civil, ambas aprobadas por unanimidad en el Parlament, pone de manifiesto la voluntad de la formación que dirige Jorge Campos de imponer la voluntad de su partido, con 8 diputados, frente al resto de formaciones en un Parlament que cuenta con 59 escaños. Aceptar algunas de las condiciones de Vox por parte del PP balear sería un verdadero sinsentido democrático.
El valor de los votos.
Los dirigentes de Vox deben ser conscientes del peso político obtenido en las urnas en las elecciones del pasado 28-M, ocho diputados frente a los veinticinco logrados por el PP balear. El indudable avance electoral logrado por los seguidores de Santiago Abascal en las Islas no justifica, en absoluto, la intención de imponer su programa hasta el extremo de pretender la claudicación de sus socios; y menos en cuestiones tan esenciales como la defensa de la lengua catalana o la dignidad de los asesinados por el franquismo durante la Guerra Civil. Otro tanto podría decirse con el cierre de IB3, cuyos medios de comunicación públicos emiten en catalán casi toda su programación.
Lógica aproximación.
La matemática parlamentaria exige alianzas para lograr las mayorías, dinámica que involucra sin excepciones al PP y Vox como consecuencia lógica de los resultados del 28-M. A partir de ahí, la búsqueda de espacios de coincidencia involucra a los dirigentes de ambos partidos desde la sensatez y la responsabilidad. Es imprescindible desterrar los modos de gobernar desde el sectarismo. Siempre fracasan.