El Govern ha decidido llevar a la Fiscalía el expediente de compra de 88 viviendas de Metrovacesa acordado pocos días antes de las pasadas eleccciones del 28 de mayo por el anterior gobierno progresista, presidido por la socialista Francina Armengol. Los nuevos gestores han encontrado, en su opinión, serias deficiencias en la operación –que se encuentra paralizada por orden judicial a instancias de la propia promotora– hasta el punto que consideran que deben ser el Ministerio Público el que debe analizar la documentación y evaluar la posibilidad de investigar las eventuales responsabilidades administrativas y penales de los responsables. Mercedes Garrido, diputada y portavoz socialista en el Parlament, defiende la limpieza e idoneidad del acuerdo y acusa al Govern conservador de actuar con criterios políticos y contra la accesibilidad a una vivienda digna de las capas sociales más desfavorecidas.
Alquiler social
El Govern anterior ejerció su derecho de tanteo y retracto sobre los bloques de viviendas en la zona de Nou Llevant para destinarlas a alquiler social, medida con la que se pretendía incidir a la baja en los precios de los alquileres en la zona. El objetivo, sin embargo, no puede justificar un tramitación irregular o precipitada, tal y como se enfatiza por parte de los actuales responsables del Govern. La falta de vivienda asequible, uno de los problemas prioritarios en las Islas, debe abordarse en todo momento desde la más absoluta legalidad.
Un tiempo electoral
No hay duda de que es preciso garantizar la limpieza de cualquier expediente, y en especial cuando se trata de iniciativas de tanta envergadura. No obstante, sorprende que el Govern no se haya querido apoyar en sus propios servicios de la Abogacía e Intervención para, llegado el caso, redactar la pertinente denuncia ante la Fiscalía y ha preferido dejar en sus manos la decisión final sobre el futuro de este caso.