El PP ha presentado una ley que liquida la Oficina Anticorrupción de Balears, creada hace dos legislaturas con el objetivo de investigar asuntos vinculados con las instituciones de las Islas. La propuesta de los populares prevé transferir sus competencias a la Sindicatura de Comptes, sobre todo aquellas asuntos vinculados a las declaraciones de bienes de los diputados.
Polémica.
La decisión del PP de suprimir este organismo ha provocado ya las primeras reacciones. El socialista Iago Negueruela dice que «el PP no quiere ningún control», pero lo cierto es que desde su creación esta Oficina solo ha impulsado asuntos vinculados con el PP, pese a estar en la oposición, y ha pasado de puntillas por temas vinculados con el anterior Govern como la prostitución de las menores tuteladas y la vacunación de altos cargos de Salut saltándose el orden establecido. Es preciso recordar el asunto de ‘La vida Islados', que la Oficina Anticorrupción denunció ante la Fiscalía sin darle al presidente del Consell d'Eivissa, Vicent Marí, la posibilidad de defenderse. Algo similar ocurrió con Marta Díaz con sus gastos como vicepresidenta del Consell. Tampoco fue citada por la Oficina y se filtró toda la información antes de que ella tuviese conocimiento de los hechos que finalmente fueron archivados.
Cierre lógico.
La decisión de cerrar ya la Oficina Anticorrupción, que tiene un presupuesto de 1,5 millones, se produce después de que se filtrase una denuncia contra un ayuntamiento del PP cuando el director de dicho ente, el socialista Cristóbal Milán, no informó en su informe anual sobre este asunto. Tampoco se ha informado a los implicados sobre la investigación. Es evidente que dicha Oficina fue creada simplemente para investigar a la oposición y no al Govern. Si además el ente carece de la más mínima imparcialidad, el paso idóneo es el cierre y ahorrarse 1,5 millones por unas funciones que ya realizan otros organismos públicos.