El texto del acuerdo entre PSOE y Junts ha provocado una respuesta unánime de la carrera judicial. Todas las asociaciones, los jueces decanos, los presidentes de Audiencias Provinciales y el CGPJ critican lo que consideran uno de los ataques más graves nunca producidos a la independencia judicial y la separación de poderes. El detonante no es la amnistía en sí, que tampoco gusta a los juristas, sino la inclusión de una serie de comisiones parlamentarias para analizar «situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política», según reza el texto. La unanimidad de la queja ha llevado a que el PSOE deba matizar mucho ese punto de forma rápida. Los jueces de las Islas se adhieren a esas críticas.
Una redacción inconcreta.
La redacción del acuerdo es inconcreta. Pretende que la futura amnistía de cobertura a casos que, en principio, no están relacionados de forma directa con el Procés, una exigencia expresa de Junts. Ahí viene gran parte del conflicto con los jueces: la posibilidad de que una comisión parlamentaria analice autos y sentencias va más allá de la separación de poderes. Cualquier sospecha de abuso en torno a esas causas judiciales debe ser resuelta dentro del mismo marco judicial de recursos y es una queja razonable en casos como el espionaje de Pegasus. No obstante, un parlamento no puede examinar una resolución judicial, con el riesgo de concluir que este ha prevaricado.
División de poderes.
Es evidente que una ley de amnistía plantea una situación excepcional. Supone dejar fuera del alcance de jueces y tribunales determinadas situaciones. Lo mínimo a exigir de tal decisión política es que quede claro a qué afecta y en qué marco para que sean los jueces quienes apliquen esa excepción. Abrir la puerta a comisiones de investigación parlamentarias para revisar decisiones judiciales es mucho más delicado. Es el abecé: los parlamentos elaboran las leyes y los jueces las aplican. Y así debería ser.