La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, dio a conocer ayer que el debate de investidura de Pedro Sánchez se celebrará esta semana, el miércoles y jueves, tras los pactos que el Partido Socialista ha negociado y cerrado con Sumar, EH Bildu, ERC, BNG, Junts, PNV y Coalición Canaria. Con estos apoyos, el secretario general del PSOE se garantiza la reelección con 179 votos a favor frente a 171 en contra. La expectación, ciudadana y política, está centrada ahora en el alcance de la Ley de Amnistía exigida por Junts a Sánchez para que los siete diputados de Puigdemont se sumen al bloque de la investidura. Una ley cuyo contenido aún se desconoce y que provoca una enorme controversia y numerosas reacciones en contra.
Preocupación en el PSOE
Los interventores y auditores del Estado sumaron su rechazo a las voces discrepantes de las asociaciones de jueces y fiscales, los abogados del Estado, diplomáticos, policías, guardias civiles e inspectores de Hacienda y Trabajo.
El Partido Popular protagonizó el domingo una demostración de fuerza al movilizar a miles de personas en las capitales de provincia –en Palma se concentraron 10.000– para expresar su frontal repulsa a la futura Ley de Amnistía. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ante este alud de críticas, que suscita una gran preocupación en el PSOE, afirma que en el acuerdo de investidura suscrito con Junts per Catalunya «no se habla» de ‘lawfare', término que hace referencia a la judicialización de la política.
Referéndum de autodeterminación
En esta cuestión de la máxima trascendencia, que está tensionando las costuras del Estado de Derecho, es preciso acabar con las incertidumbres y hablar claro. Por ejemplo, ¿cuál será la función de ‘unas comisiones que va a haber en el Congreso de los Diputados', a las que alude Santos Cerdán?, ¿a quiénes beneficiará la Ley de Amnistía?, ¿acepta el PSOE el referéndum de autodeterminación que ha reclamado Junts? y ¿será vinculante su resultado?