El TSJIB ha condenado a nueve años de prisión a Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán. El tribunal considera demostrado que el juez y el fiscal a cargo del ‘caso Cursach', el ‘caso ORA' y otras derivadas, coaccionaron a cuatro personas para que declararan en el sentido que ellos querían. Tres de esos episodios ocurrieron en el propio despacho del magistrado, con su beneplácito. El cuarto también es de una gravedad mayúscula: ordenar el arresto de los padres y el hermano de entonces concejal y diputado del Partido Popular, Álvaro Gijón, para presionarle y coartar su libertad.
Filtro estrecho.
El proceso a Penalva y Subirán ha acotado mucho las acusaciones contra ambos. Las prácticas que ha considerado demostradas esta sentencia suenan familiares a otros episodios protagonizados por ambos. El TSJIB advierte que solo se ha ocupado del ‘caso ORA'. El tribunal descarta, en parte por motivos técnicos, los delitos de detención ilegal, aunque admite que muchos de esos arrestos se llevaron a cabo al límite y que policías más escrupulosos no los hubieran practicado. Recuerda que la labor de un fiscal y de un juez instructor pasa por mantener la imparcialidad y la limpieza del procedimiento. Nada de eso lo llevaron a cabo los ahora condenados. Es obvio que su responsabilidad es mucho más grave que la de los agentes de la policía a los que han arrastrado.
Denuncias.
El comportamiento de Penalva y Subirán ha sido más que un terrible fracaso de la Justicia. Detrás de sus delitos hay decenas de vidas y reputaciones destrozadas por una forma de actuar viciada. La sentencia del TSJIB pone en valor el comportamiento de algunos funcionarios, como el juez Florit o los policías encargados de investigarles y también cuestiona la de otros que los arroparon: el presidente del TSJIB, Carlos Gómez archivó la causa al no apreciar ningún tipo de delito. Falta aún el filtro del Tribunal Supremo.