El Govern de Marga Prohens manifiesta su desacuerdo con la cesión de las competencias de inmigración a Catalunya y la publicación de las balanzas fiscales, tal como exigió Junts al Gobierno de Pedro Sánchez para convalidar dos de los tres decretos que el miércoles se votaron en el Congreso. El Ejecutivo balear advierte que, por su naturaleza, estas materias no pueden ser objeto de cesión unilateral. Prohens reclama una reunión de la Conferencia de Presidentes para negociar con todas las comunidades. Y mientras el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó la semana pasada que el Gobierno delegará las competencias en inmigración a la Generalitat de Catalunya, el presidente Sánchez declaró ayer a que «todo lo que tiene que ver con el control de fronteras y las políticas de migración irregular» seguirá en manos del Estado.
Publicar y actualizar las balanzas
También ha quedado al albur de los acontecimientos –porque en la política española todo cambia a cada momento y lo que se dice el martes se desdice el miércoles– el compromiso de publicar y actualizar las balanzas fiscales. La Junta de Andalucía, gobernada por el PP, rechaza su publicación y advierte que llevará al enfrentamiento entre comunidades, además de provocar la ruptura de la solidaridad. El PSOE se ha mostrado siempre contrario a la difusión de estas balanzas. Hace año y medio, la ministra María Jesús Montero descartaba la publicación al propiciar reproches entre las autonomías.
Revisar la financiación, cuestión de fondo
La gran cuestión de fondo es la reforma de la financiación autonómica, que se resiste a abordar el Gobierno de Sánchez. El nuevo modelo implicará poner sobre la mesa las balanzas fiscales para llegar a acuerdos. Balears es una de las comunidades más perjudicadas por un sistema implantado en 2009, cuya revisión no se puede demorar.