La última sentencia del Tribunal Supremo insiste en que hay «razones imperiosas» para poner coto a las VTC, que son los vehículos de transporte con conductor, servicios de viaje tipo Uber. Lo más importante de la conclusión judicial es que se remarca que no es lo mismo que un taxi, que es un servicio de interés público y debe ser protegido y regulado por la Administración. La decisión del Alto Tribunal ha sido bien acogida por el sector del taxi, dado que ratifica que se trata de servicios diferentes y en la necesidad de la previa contratación de los VTC. Es decir, los coches de estas empresas privadas no pueden buscar libremente clientes por las calles, tal y como haría un taxi. Debe movilizarse en caso de llamada precontratada con media hora de antelación. Ese punto, en cambio, ha sido recurrido en algunas comunidades autónomas, como es el caso del País Vasco. Lo deseable sería que entre taxistas y los VTC quedaran los límites claramente delimitados, para evitar algunos altercados que han dañado seriamente la imagen del sector.
El papel de la Administración
No hay que olvidar que Mallorca es un destino turístico de primer orden y que la Administración debe velar por el buen funcionamiento del servicio de transportes. Es vital que los veraneantes se lleven una grata impresión, desde que son recogidos en el aeropuerto o en las carreras puntuales que contratan, porque ese punto diferencial puede significar que regresen a la Isla en unas próximas vacaciones.
Pago de multas
En la sentencia del Supremo, el alto Tribunal avala que se multara e inmovilizara un vehículo de una empresa de VTC por captar clientes en la calle y niega que vulnerara el derecho a la presunción de inocencia. En cualquier caso, es importante recordar que la normativa balear que frena a las empresas de servicios de viaje está pendiente del Tribunal Constitucional.