El Govern de Prohens está ultimando una amnistía para viviendas ilegales en suelo rústico que quieran acogerse al proceso de legalización. Se trata de que afloren todas aquellas propiedades construidas sin permiso y que, hoy por hoy, no pueden derribarse. Por lo tanto, la única solución posible es su legalización previo pago de una multa, que puede rondar entre el 15 y el 25 por ciento del valor de la construcción.
Pagar por legalizar.
El vicepresidente del Govern, el ibicenco Antoni Costa, ultima la cuantía que se deberá pagar para legalizar una vivienda. Para realizar ese cálculo el Ejecutivo de Prohens se está inspirando en una medida muy similar que se aprobó durante la legislatura de José Ramón Bauzá. Un aspecto importante que hay que destacar es que no todas las construcciones ilegales podrán regularizarse. La medida de gracia se circunscribirá a las obras que hayan prescrito, es decir, que lleven al menos ocho años construidas. En este contexto, la legalización también será posible para piscinas, porches o ampliaciones, según el borrador en el que aún se está trabajando.
Primeras críticas.
Como no podía ser de otra manera, partidos progresistas y organizaciones ecologistas ya han criticado este proyecto para legalizar obras ilegales y que no pueden derribarse porque la infracción ya ha prescrito. Si las obras no pueden derribarse, ¿cuál es la alternativa que tienen todos aquellos partidos que han comenzado a criticar la amnistía que impulsa el Govern? Llegados a este punto, conviene que los políticos se dejen de planteamientos ideológicos que no solucionan los problemas para los ciudadanos. Si además las administraciones podrán cobrar por esta legalización, la amnistía que proyecta el Govern de Prohens tiene todo el sentido del mundo y es lógico que se apruebe. Lo que sí es preocupante es el escaso control que existe cuando se realizan este tipo de obras ilegales. Faltan inspecciones y, sobre todo, sobra mucha demagogia.