Baleares es la segunda comunidad de España con la tasa más alta de okupas. Este dudoso honor se agrava con un dato: las denuncias por usurpación de inmuebles crecieron a lo largo de 2024 un 26 por ciento. Por otro lado, también hay que descartar que los casos resueltos están aumentando y que los procesos ya no son tan largos y desesperantes como hace un tiempo. Sin embargo, se trata de un asunto gravísimo porque la propiedad privada es sagrada y hay miles de familias que destinan casi todos sus recursos a pagar durante años una hipoteca para ver, después, como la vivienda es okupada impunemente. Con todo, es necesario diferenciar entre dos tipos de okupas: los delincuentes profesionales, que entran en casas para exigir dinero a sus legítimos propietarios para marcharse, y que han hecho de este chantaje su modo de vida; y, por otro lado, las familias vulnerables y sin recursos que se ven obligadas a entrar en locales o inmuebles cerrados para tener un techo. Son tipologías completamente distintas, que no pueden ser tratadas de igual manera.
La crisis habitacional, de fondo.
La realidad es que esta problemática está directamente relacionada con la crisis habitacional sin precedentes que vive Balears y que ha disparado hasta límites absurdos el precio de los alquileres o de las casas en venta. Una vivienda digna, a día de hoy, es inaccesible para una considerable parte de la población y los jóvenes, con sueldos muy bajos, se enfrentan a un lastre de difícil solución.
Una Justicia más ágil.
De igual forma, es necesario agilizar los trámites judiciales para garantizar que el afectado por la okupación recuperará su propiedad en el menor tiempo posible. La respuesta de los juzgados debe ser contundente porque el sufrimiento de las víctimas de estas okupaciones es grande y necesitan actuaciones urgentes.