La Conferencia de Presidentes que se celebró este viernes en Barcelona evidenció un rotundo fracaso político en un clima casi irrespirable entre los responsables del PP y los socialistas, y donde la presidenta de Baleares, Marga Prohens, estuvo a la altura de las circunstancias y habló en catalán durante su intervención. La postura radical de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, que poco antes del inicio de la cumbre le dirigió unas palabras salidas de tono a la ministra de Sanidad, Mónica García, y después se ausentó del acto cuando el lendakari vasco habló en euskera, marcó el encuentro presidido por el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el palacio de Pedralbes. De hecho, las reclamaciones de las distintas comunidades autónomas quedaron en un segundo plano por la polémica, del todo ridícula, suscitada sobre el uso de las lenguas oficiales. En definitiva, la reunión solo sirvió para evidenciar el grado de degradación política y que los asuntos que realmente interesan a los ciudadanos, como el acceso a una vivienda digna, siguen sin tener una solución definitiva.
Elecciones anticipadas.
En plena convulsión por el escándalo de la militante socialista Leire Díez, los líderes conservadores, entre ellos Marga Prohens, aprovecharon la conferencia para reclamar elecciones anticipadas. Sin embargo, el presidente del Gobierno fue muy tajante en este sentido y se limitó a replicar que se celebrarán «cuando toca, en 2027», dando por cerrada la cuestión y sin dar pie a más debate.
Polémica con las lenguas y sin soluciones.
Al término del encuentro, en declaraciones a los periodistas, la presidenta Prohens destacó que las lenguas «siempre tienen que ser para unir» y añadió que si se usan como cortinas de humo o para confrontar por parte de algunos políticos «se les hace un flaco favor». Por último, Prohens pidió que se desbloquee de una vez la ‘ley antiokupa’ en el Congreso para así poder aumentar la seguridad jurídica de los propietarios, al tiempo que destacó la importancia de que el Gobierno ceda suelo público a las comunidades para la promoción de vivienda pública de alquiler a precios asequibles. Unas peticiones que, igual que las del resto de comunidades autónomas, cayeron en saco roto ante los oídos del presidente Pedro Sánchez.