El impuesto de turismo sostenible o ecotasa fue creado en el primer mandato socialista de Francina Armengol con el objetivo de financiar proyectos que mitigasen el impacto o huella del turismo y la conservación, por tanto, del entorno natural. El paso del tiempo, sin embargo, demostró que el objetivo inicial se vio pervertido por otros fines, como financiar conciertos de radiofórmulas privadas durante la pandemia de coronavirus, entre otros tantos ejemplos.
Descontrol y caos.
Ahora, un demoledor informe de la Sindicatura de Comptes pone de manifiesto que seis años después de la creación de la ecotasa, el anterior Govern socialista únicamente había ejecutado y completado en su totalidad proyectos por valor de 59 millones del total de 480 millones que ingresó con este impuesto desde su entrada en vigor en el año 2017. Este documento critica el caos y descontrol en la gestión de este impuesto, razones por las que tiene existe ese bajísimo nivel de ejecución de los proyectos. Además, denuncia la falta de gestión y que buena parte de los proyectos que se aprueban son papel mojado, pues las propuestas no están trabajadas. A ello se suma que muchos expedientes no tienen los justificantes ni de las obras realizadas ni de los pagos ejecutados.
Simplificación como futuro.
El Govern de Prohens mantiene la ecotasa y se ha marcado como objetivo lograr una mayor simplificación administrativa, que agilice la resolución de proyectos en general y el día a día en la vida de los ciudadanos. En el caso de la ecotasa, se acaba de publicar una orden del vicepresidente Antoni Costa para eliminar controles de fiscalización del gasto con el objetivo de agilizar los proyectos. Y es que el embudo que crearon los socialistas es tal que hay atascados 370 millones de euros en inversión que no salen adelante por la complejidad de los procedimientos. «No tiene ningún sentido que el mismo gasto se fiscalice tres veces», asegura Costa. Y tiene razón: la Administración debe simplificarse.