Tras meses de pesquisas secretas y diligencias llevadas a cabo con el máximo hermetismo, la UCO (Unidad Central Operativa) de la Guardia Civil está ultimando una segunda línea de investigación sobre el ‘caso Mascarillas’, que entronca con el ‘caso Koldo’. El informe no se limita a rastrear material sanitario durante la pandemia, como sí ocurrió con las diligencias iniciales, sino que sigue el rastro de obras y construcciones públicas, incluso también en puertos de las Islas. El demoledor escrito presentado por la UCO el jueves causó un auténtico terremoto mediático y político que provocó, incluso, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tuviera que comparecer ante los medios en la sede socialista, para pedir perdón por la implicación de Santos Cerdán, uno de sus hombres de máxima confianza y secretario de organización del PSOE, en la trama corrupta. El asunto, que es gravísimo y puede tener consecuencias muy serias para el actual Gobierno, tiene ramificaciones importantes en Baleares y es imprescindible que sea aclarado por una cuestión de higiene política.
El papel de Armengol
Y hay más. Francina Armengol, expresidenta del Govern y ahora presidenta del Congreso, tuvo que reconocer este viernes que sí coincidió con el comisionista Víctor de Aldama -imputado en la trama- en una reunión con empresarios. Aldama, durante una intervención en un programa de televisión el jueves noche, sostuvo que habló con la actual presidenta del Congreso, pero no para tratar de las mascarillas, algo que inicialmente Armengol evitó confirmar, pero finalmente no le quedó más remedio que admitir que sí que se produjo ese encuentro.
Reacción del Govern
Por parte del Govern, la reacción ante este escándalo de los socialistas no se ha hecho esperar. El portavoz Antoni Costa acusó a la anterior presidenta autonómica y líder socialista de las islas, Francina Armengol, de «abrir las puertas» del archipiélago a la «organización criminal del PSOE». Asimismo, sembró la duda de que haya nuevos fraudes y añadió: «Dios sabe dónde puede estar el dinero robado a los ciudadanos», al tiempo que recordó que la expresidenta socialista del Govern «en plena pandemia» favoreció negocios de la presunta trama corrupta de los dirigentes socialistas con el Govern autonómico, con un contrato de 3,7 millones de euros para la compra de mascarillas y otros por unos 11 millones con otras empresas investigadas por la Audiencia Nacional sobre los que el actual ejecutivo ha encargado una auditoría.