La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil dio este viernes un nuevo golpe contra la corrupción e irrumpió en la sede del PSOE en la calle Ferraz y en el Ministerio de Transportes para clonar correos electrónicos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el marco de la investigación por el denominado ‘caso Koldo’. Las diligencias policiales practicadas ayer fueron encargadas por el magistrado del Supremo Leopoldo Puente, que instruye la causa por corrupción, y que precisamente este viernes imputó formalmente a Santos Cerdán. No hay duda que los investigadores están estrechando el cerco sobre los dos políticos supuestamente corruptos y a nadie se le escapa el simbolismo de la entrada policial en la sede federal socialista. De hecho, desde algunos sectores se está insinuando abiertamente que la trama podría desembocar en una nueva pieza por financiación ilegal del partido, lo que pondría en serios aprietos -aún más- a Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno, hasta la fecha, se ha negado a adelantar elecciones y ha sostenido que se trata de casos de corrupción concretos. Mientras tanto, durante la jornada de este viernes anuló su agenda y mantuvo diferentes reuniones de urgencia, una de ellas, con Salvador Illa.
Adjudicaciones bajo sospecha
Pero hay más. Ayer los agentes de la unidad de élite de la Guardia Civil también se personaron en la Adif y en la Dirección General de Carreteras para requerir información sobre un total de 11 adjudicaciones que están bajo sospecha. La impresión generalizada es que lo peor está por venir y que todavía la investigación deparará importantes sorpresas.
Armengol, muy tranquila
La expresidenta de Baleares y actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, aseguró este viernes en Palma, donde participaba en unas jornadas sobre vivienda, que está «hipertranquila» y añadió que le «repugna» tanto las presuntos casos de corrupción como escuchar a «excompañeros hablar de las mujeres de esta manera». Sobre la mesa, Armengol tendrá la petición del PP de paralizar la indemnización de casi 19.000 euros que reclama Cerdán como exdiputado