La Audiencia Provincial es, sin duda, la clave del funcionamiento de la Administración de Justicia en Baleares. Toda la actividad de los juzgados de Instrucción, penales, de primera instancia, mercantiles, de violencia de género, menores y de vigilancia penitenciaria, es susceptible de ser recurrida ante la Audiencia. Además, se le suma el peso de los juicios que tiene que desarrollar, en especial en penal. Salvo en Contencioso y en Social, todo pasa por la Audiencia. Así, si no funciona bien es imposible que el sistema sea eficaz y que la tutela judicial de los derechos de la ciudadanía esté garantizada.
Situación anómala
El Consejo General del Poder Judicial nombró ayer al magistrado Gabriel Oliver Koppen nuevo presidente de la Audiencia. Tras dos años de interinidad por los problemas del Consejo, el órgano judicial recupera una normalidad institucional. Oliver es un magistrado experto, miembro de la asociación independiente Francisco de Vitoria. Asume la presidencia de un órgano falto de manos: la última memoria del TSJIB recogía la necesidad de, al menos, tres secciones civiles más y de otra penal en función de la carga de trabajo que tienen los jueces.
Retrasos
La situación más extrema ahora mismo tiene que ver con los retrasos en señalamientos de juicios penales que, en el caso de la Sección Segunda, se han llegado a fijar para el año 2029. Es algo a todas luces inadmisible, que tiene que ver con la carga de trabajo y la falta de disponibilidad en la agenda. Las soluciones son complejas sin más medios. La Sala de Gobierno propuso a la presidencia de esa sección un plan que, por ahora, no ha cuajado y se ha impulsado una inspección por parte del Consejo para evaluar la situación. La situación ha provocado la salida de dos magistrados de este órgano y ha enrarecido el clima de trabajo hasta límites delicados. Un desafío.