La cumbre entre Govern y consells para abordar la crisis migratoria se saldó este jueves con la unión de Baleares a la hora de plantar cara a la inacción del Gobierno central y exigirle soluciones. En este sentido, la presidenta Prohens anunció que presentará un recurso ante el Supremo por el reparto de los menores, además de exigir el despliegue de Frontex. Los presidentes de los consells apoyan por completo esta estrategia del Ejecutivo autonómico. Las primeras reacciones del Gobierno central no se han hecho esperar. Así, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, elevó el tono y acusó de «racismo» a la presidenta balear. En este contexto de enfrentamiento directo, el Ejecutivo autonómico ha alertado de que el archipiélago se ha convertido en la entrada principal de la migración irregular en Europa. Con todo, un informe de Frontex le da la razón y alerta de que algunas personas potencialmente peligrosas pueden colarse entre los inmigrantes con oscuras intenciones.
Medidas más duras
El Govern ha anunciado que se exigirán tres años como mínimo de tutela para que los jóvenes migrantes puedan acceder a ayudas de emancipación. También se pedirán tres años mínimos de residencia para acceder a la renta social e itinerarios obligatorios de inserción laboral, además de los cinco años mínimos que ya se exigen para acceder a una promoción de vivienda pública.
Oídos sordos
El Govern balear y los consells llevan mucho tiempo alertando de que las Islas no pueden seguir soportando el ritmo de llegadas y tutelas de menores no acompañados, pues pueden llegar a suponer, como ocurre en el caso del Consell de Formentera, una verdadera quiebra de las cuentas insulares. Ante esta llamada reiterada de auxilio, el Gobierno de Pedro Sánchez hace oídos sordos a las súplicas de ayuda y se niega a reconocer oficialmente la ruta migratoria Argelia-Baleares. El Gobierno, y sus representantes en las Islas como son Alfonso Rodríguez y Raquel Guasch, deben afrontar la crisis migratoria real y palpable que está viviendo Baleares y que cada vez va a más e intentar poner soluciones, pues las competencias en política exterior y gestión de inmigración son estatales.