El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears ha zanjado el debate artificial impulsado por la asociación PLIS Educación y otros grupos y rechaza que se imponga un 25 por ciento del horario lectivo en castellano en los colegios de Baleares. Esta asociación aprovechó una serie de sentencias en torno a la normativa catalana para intentar extrapolar ese conflicto a las Islas. Ocurre que la normativa es diferente entre ambos territorios y poco tiene que ver, algo que han resuelto ya los tribunales en varias ocasiones sobre medidas cautelares y que ahora lo hace en el que era el recurso de más peso que la Sala tenía encima de la mesa.
Proyecto educativo.
La norma en Baleares no impide a ningún colegio dar el 25, el 30 o el 45 por ciento de las clases en castellano. Lo que hace es establecer que ambas lenguas oficiales deben ser conocidas por los alumnos y que, al menos la mitad de las horas lectivas serán en la lengua propia. Cada centro lo fija en su proyecto educativo y quien matricula a sus hijos en un colegio, lo conoce previamente. Ese no era el modelo de inmersión lingüística catalán que todavía está en los tribunales con distintas resoluciones contrarias y parches legislativos posteriores. La sentencia del TSJIB y el Govern, el actual y el anterior, coinciden en ello. Los magistrados recuerdan, en todo caso, que PLIS puede hacer peticiones a la Administración pero que no tiene el derecho a que se le dé la razón.
Minoritarios.
Los grupos que atacan el modelo educativo de las Islas y de la lengua propia son minoritarios y su virulencia contrasta con la normalidad con la que hasta ahora se ha vivido en las aulas de las Islas, donde tal conflicto lingüístico no existe y se aplica un modelo consensuado y que se desarrolla de esa manera desde hace décadas. El discurso sobre el riesgo del desconocimiento del castellano en Balears choca con la realidad. La única lengua cuyo uso ha retrocedido y que está en riesgo es el catalán.