En el año que está acabando ha quedado de manifiesto el extraordinario trabajo que llevan a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Balears, pero también que sus plantillas están menguadas y que las Islas ya no son un destino atractivo para la mayoría de policías nacionales y guardias civiles que son destinados al archipiélago. Por un lado, los alquileres por las nubes obligan a tres o cuatro de estos componentes a compartir piso, lo que no siempre es deseable y puede acarrear ciertos problemas de convivencia. Pero hay más. El coste de la vida en nuestras islas se ha disparado de forma escandalosa y las Pitiusas son ya una de las regiones más caras de España y también de Europa. Los sueldos, en cambio, suben de manera muy tímida en el mejor de los casos y los funcionarios que deben trabajar aquí pierden poder adquisitivo, de ahí su negativa a ejercer en Balears. No es un asunto baladí, porque hay que tener en cuenta que solo en Mallorca viven ya oficialmente casi un millón de personas, lo que suponen que los incidentes –algunos de ellos graves, en forma de peleas o crimen organizado– se hayan incrementado en los últimos años. Si a esto le añadimos que las plantillas actuales de la Jefatura y la Comandancia están muy ajustadas, nos topamos con el problema real.
Pluses e incentivos.
Así pues, la única forma de conseguir que las Islas vuelvan a ser un destino apetecible para los funcionarios del Estado es aplicar pluses e incentivos económicos a los candidatos, de forma que puedan compensar los alquileres disparatados y los precios altísimos. Y también potenciar el fichaje de agentes de aquí.
La seguridad, en juego.
No hay que olvidar que Ibiza y Formentera viven del turismo y este sector funciona siempre y cuando la seguridad es elevada. Si cada año tenemos menos policías y guardias civiles, la balanza se desequilibrará y el nivel de seguridad del que gozamos ahora puede cambiar.