En Ibiza, como en el resto de Balears, estamos acostumbrados a acudir a un centro de salud, entrar en urgencias o afrontar una intervención sin que nadie nos pida una tarjeta de crédito. Esa normalidad es uno de los grandes logros de nuestro sistema público. Sin embargo, los datos del IB-Salut nos recuerdan su verdadero alcance: una noche en la UCI supera los 2.000 euros; un trasplante hepático alcanza los 138.000 euros; y un traslado aéreo urgente a la Península ronda los 26.000 euros.
Servicios caros y gratuitos
Estas cifras no reflejan lujos, sino la compleja maquinaria que sostiene la sanidad pública: médicos y enfermeras, equipos de última generación, quirófanos, ambulancias, helicópteros y hospitales que deben estar listos cada minuto del año. Nada de esto es barato, aunque para el ciudadano sí sea gratuito en el momento más crítico de su vida.
Lo más valioso es que la atención nunca se condiciona al dinero. Da igual si se trata de un residente, un turista europeo o una persona en situación irregular: primero se atiende y luego se resuelve lo administrativo. Cuando hay un seguro o un tercero que puede asumir el coste, se factura, no para obtener beneficio, sino para que el sistema siga siendo sostenible.
Tratamientos complejos
En una comunidad insular y turística como la nuestra, con una población que se multiplica en verano y la necesidad de traslados urgentes, disponer de hospitales como Can Misses o Son Espases es una garantía colectiva. Gracias a ellos, hoy se realizan en Balears tratamientos de alta complejidad que antes obligaban a viajar.
Por eso, cuando hablamos de impuestos hablamos de algo muy concreto: de poder cruzar la puerta de un hospital con la tranquilidad de que seremos atendidos con profesionalidad, humanidad y sin discriminación. Defender la sanidad pública es defender el compromiso de todos con un servicio esencial, universal y de calidad.