La nueva financiación autonómica que han pactado el PSOE y ERC -presentada por Pedro Sánchez y Oriol Junqueras en La Moncloa- confirma la injusticia históric que, desde hace años, padece Balears al ser una de las comunidades que mas sigue aportando a las arcas del Estado, pero de las que menos recibe. El esfuerzo fiscal que realizan los ciudadanos y las empresas de las Islas no es correspondido por el Gobierno central sencillamente porque aquí no se aplica la ordinalidad que sí obtendrá Catalunya. La ordinalidad implica que si una comunidad es la que más aporta al sistema, debe ocupar la misma posición en cuanto a recursos recibidos. Y esto no ocurre en Baleares, que destina 900 millones de superávit para que el Gobierno PSOE-Sumar pague las pensiones en el resto de comunidades. Así, Madrid y Baleares que son contribuyentes netos a un sistema que había caducado hace doce años, salen perjudicados porque Cataluña contará ahora con sus propias reglas de juego, en la línea del régimen foral que usufructuan el País Vasco y Navarra. O sea, se consolidan los distintos tratos, criterios y raseros.
Sobrecostes de la insularidad.
Lo más grave para Baleares es que el Gobierno de Pedro Sánchez sigue sin valorar ni concretar el impacto real de los sobrecostes de la insularidad, que el Régimen Especial de Balears tampoco compensa; y que, en Madrid, es percibido como un estorbo que tampoco no entienden.
Población flotante y soportada.
El principal reproche a este nuevo sistema de financiación -que debe ser debatido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y aprobado en el Congreso, con la oposición del PP y Junts- consiste en que no incluye ni cuantifica la población flotante o soportada. Los servicios públicos que prestamoa a los 18 miliones de visitantes que vienen a las Islas y que utilizan estos servicios como si fueran residentes. El sistema no está pensado para Balears ni resuelve nuestro problema histórico de financiación.