El Gobierno de Pedro Sánchez pactó con Podemos aprobar por decreto ley, sin pasar por votación en el Congreso, una regularización extraordinaria de migrantes mediante una reforma urgente del reglamento de Extranjería, una iniciativa de la que se prevé que se beneficien medio millón de migrantes. Basta con acreditar cinco meses de estancia continuada en España a través del empadronamiento, informes médicos, contratos de luz o certificados de envíos de dinero para conseguir los papeles. Este ‘decretazo’ no ha dejado indiferente a nadie. En el PP hablan de que en la «España socialista, la ilegalidad se premia», al tiempo que hablan de la ‘casualidad’ (o no) de que justo se apruebe este ‘decretazo’ tras las catástrofes ferroviarias de Córdoba. En este mismo sentido se expresó Vox, quien fue incluso más allá hablando de «invasión por decreto», mientras que Podemos tilda de «racista» a Abascal mientras sacan pecho por conseguir que el PSOE les haga caso.
Baleares
En Baleares, tanto la presidenta Marga Prohens como Manuel Pavón, director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo, alertaron del ‘efecto llamada’ de esta medida en unas Islas ya saturadas por la llegada masiva de pateras, pues sólo el pasado 2025 llegaron más de 7.000 personas en pateras de las cuales más de 3.100 recalaron en las Pitiusas, principalmente en Formentera. «Se transmite el mensaje de que llegar a Baleares de manera ilegal tiene premio», precisó Pavón, quien recalcó que «dar papeles» no garantiza la integración y defendió la inmigración legal, controlada y ordenada. Por su parte, Alfonso Rodríguez, delegado del Gobierno en Baleares, destacó que unas 10.800 personas se beneficiarán del ‘decretazo’ migratorio del Gobierno.
A contracorriente de Europa
En una Europa en la que incluso los partidos de izquierda abogan por el control de los flujos masivos de inmigrantes ilegales (véase el caso de Francia, que pasa la exigencia de tiempo de residencia en el país de cinco a siete años y sólo dando papeles en sectores laborales esenciales), la España de Pedro Sánchez va a contracorriente en lo que previsiblemente sea una nueva artimañana política para arañar votos de cara a las elecciones de 2027, si es que no se acaban convocando en este ejercicio de 2026. En este debate de regularización masiva hay que tener en cuenta, además, que todas estas personas que podrán verse beneficiadas de la medida implicarán a medio y largo plazo reagrupamiento familiar, como ya ocurre en el caso de los ‘menas’.