El Congreso dio luz verde este martes al proceso de reforma de la Constitución para que Formentera disponga de un senador propio. Actualmente, Ibiza y Formentera comparten escaño, tal y como establece la Constitución Española. Sin embargo, Formentera cuenta con su propio Consell Insular desde el año 2007, lo que debería haberse traducido ya en que la isla tuviera su representación propia en el Senado, cosa que no ha sucedido, a pesar de que así lo indica también la Carta Magna en su artículo 69.3. Este martes todos los partidos con representación en el Congreso, menos Vox, se mostraron partidarios de abrir este proceso de reforma para corregir esta «anomalía democráctica». El PP optó en la votación por la abstención. Durante las intervenciones este martes en el Congreso, Josep Pagès, diputado de Junts, sacó a relucir el concepto de «Países Catalanes», la lengua propia y la «nación» propia. Vox, por su parte, cuestionó la iniciativa por el coste para las arcas públicas, mientras José Vicente Marí Bosó, diputado del PP, manifestó la desconfianza de los populares a las intenciones de Sánchez y sus socios en esta reforma constitucional aprovechando el cambio que se introduciría para que Formentera tenga senador propio.
La polémica.
Un día después de la votación en el Congreso, la izquierda en bloque ha salido al ataque del PP por su abstención en la votación. A estas críticas también se ha sumado GxF, que pedirá explicaciones a Sa Unió. Sebastià Sagreras, portavoz del PP, ha defendido la abstención del PP por la lógica desconfianza hacia las políticas e iniciativas de Pedro Sánchez. En este sentido, ha dejado claro que el PP votará a favor en el Congreso de que Formentera tenga senador propio si el PSOE «no aprovecha» la reforma para meter elementos que vayan directamente en contra de los intereses de Baleares, como sería reintroducir el impuesto de sucesiones cuyas intenciones ya dejó claras la ministra Montero. En esta misma línea se ha manifestado Miquel Jerez, senador del PP, quien ha afirmado que la reforma de la Carta Magna debe acometerse con seguridad jurídica.
Desconfianza más que justificada.
Es lógica la desconfianza del PP hacia Pedro Sánchez y su manera de gobernar, pues no sería la primera vez que promete algo que más tarde cambia por completo. El último ejemplo es el decreto ómnibus en el que introdujo el incremento de las pensiones, pero también el mal llamado ‘escudo social’ que se aprobó en 2020 y del cual se aprovechan según qué personas para evitar ser desalojadas en base al concepto de ‘vulnerabilidad’. En clave local, Jerez recordó la falta de soluciones del gobierno ante la crisis migratoria que vive Formentera, el colapso y mal funcionamiento de los servicios estatales en las Pitiusas (véase Correos, Tráfico o el SEPE), no incluir el reclamado plus de residencia para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la «restrictiva» Ley de Costas. Como para fiarse de Pedro Sánchez y sus intenciones.