La transferencia de Costas a Baleares –que entró en vigor en julio del año 2023, tras el acuerdo suscrito por la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, con la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez– volvió a protagonizar este martes el debate político en el pleno del Parlament. El conseller balear del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, reclamó al Gobierno que cumpla con el mantenimiento del litoral balear al reclamar el PSIB-PSOE medidas al Govern al considerar que «no vale reparar las playas después de cada temporal» sino que es necesaria una estrategia de adaptación. Lafuente recordó que, con el traspaso de 2023, se transfirieron a Baleares las competencias en autorizaciones y concesiones pero no en obras de mantenimiento del litoral. El Estado, a través de la Demarcación de Costas, ingresa más de 12 millones de euros anuales en las Islas por la ocupación y aprovechamiento del dominio público marítimo-terrestre por los chiringuitos, embarcaderos y campos de boyas mediante el canon por la ocupación y la explotación de este espacio, mientras que los ayuntamientos de Balears se quedan entre el 10% y el 15%.
El canon debe revertir en Baleares
El Govern de Marga Prohens ha reclamado reiteradamente que este canon que se genera en las Islas revierta en mejoras del litoral balear, al entender que los ingresos del Estado no se traducen inversiones ni mejoras en las playas, puertos y frentes litorales. Se trata de una petición más que lógica por parte de Baleares que, por el momento, no ha sido atendida.
Una transferencia incompleta
El Govern debía asumir la plena gestión de 1.500 kilómetros del litoral balear, pero se transfirió de forma incompleta. Los ingresos para el Gobierno central no han parado de crecer desde que se formalizó el traspaso en el año 2023, mientras que los gastos de gestión los asume íntegramente la Comunidad Autónoma sin ninguna compensación. Es, sin duda, un mal negocio para Baleares y una anomalía que debe ser corregida. Este traspaso debe ser revisado porque Baleares destina recursos propios para ejercer una competencia con la que Madrid hace caja.