Las diligencias judiciales por el ‘caso Puertos’, iniciadas en 2020, se caracterizan por su falta de agilidad y eficacia. La investigación que debía esclarecer actuaciones y decisiones de la Autoritat Portuària de Balears sigue atascada y sin que atisben resoluciones a corto o medio plazo. Cinco de las nueve piezas abiertas en el Juzgado de Instrucción no han registrado avances en los últimos meses, mientras que otras dos piezas separadas, dimanantes de la principal, unidas en un único procedimiento, aguardan que la Audiencia Provincial fije la fecha del juicio. Tras un insólito secreto de sumario que se prolongó durante casi cuatro años, ninguna de las cuestiones sometidas a las pesquisas de la Policía y análisis de fiscales y jueces ha sido aclarada. En cambio, dos piezas ya han quedado archivadas al ser descartados indicios de delito: las concesiones en Formentera y el caso de los astilleros. Todo lo demás permanece en un limbo jurídico que acabará en archivo o bien, si algún día se acredita la existencia de indicios penales, se llegaría a celebrar un juicio.
Estigma y grave daño reputacional
Una Administración de Justicia lenta, además de ineficaz, es injusta, y quienes formaban la cúpula de Autoritat Portuària de Balears, el organismo gestor de los puertos del Estado en las Islas, encabezados por Joan Gual de Torrella, siguen imputados, lo que implica un estigma social y un grave daño reputacional que les afecta en lo personal, familiar y patrimonial.
El impulso procesal necesario
Los abogados defensores de los investigados han reclamado, reiteradamente, al Juzgado de Instrucción que dé el impulso procesal necesario para continuar y concluir las actuaciones. También denuncian que en varias piezas las diligencias están terminadas y que la Fiscalía solicitó, en una de ellas, el archivo en julio pasado sin que aún se haya adoptado una decisión. No se entienden estas demoras por el perjuicio que provocan a todos los implicados.