Hace apenas unas semanas, el sector de la construcción en Baleares hablaba de crecimiento y estabilidad. A día de hoy, ese optimismo se esfumado de un plumazo. La guerra en Irán —un conflicto lejano en lo geográfico pero inmediato en sus consecuencias— amenaza con desencadenar un nuevo ciclo inflacionista que puede tener efectos devastadores en el acceso a la vivienda. El problema no es solo el encarecimiento de materiales como el acero, el cemento o el asfalto. Eso, siendo grave, es solo la superficie. Lo verdaderamente preocupante es el efecto en cadena: promociones paralizadas, licitaciones desiertas, retrasos en proyectos públicos y, en última instancia, un nuevo incremento del precio de la vivienda. Una vez más, el ciudadano será quien pague la factura. Baleares, por su condición insular, se encuentra en una posición especialmente vulnerable. El aumento del coste del transporte marítimo y de los combustibles no hace sino agravar una situación ya tensionada desde la crisis derivada de la guerra en Ucrania, en 2022. Aquella subida de precios, lejos de revertirse, se consolidó. Todo apunta a que ahora ocurrirá lo mismo: lo que sube rara vez vuelve a bajar. Sobre todo en alimentos y materiales.
Riesgo social
En este contexto, el riesgo no es solo económico, sino social. Las más de 1.200 viviendas previstas por el IBAVI representan mucho más que cifras: son oportunidades reales para familias que buscan acceder a una vivienda digna, algo casi imposible en las Islas. Si estos proyectos se retrasan o se encarecen hasta volverse inviables, el impacto será profundo y duradero y de efectos devastadores.
Sin opciones
La petición del sector de recuperar mecanismos de revisión de precios en los contratos públicos no es un capricho sino una necesidad real vista la incertidumbre del mercado internacional. Sin herramientas que permitan adaptarse a la volatilidad del mercado, las empresas se ven abocadas a elegir entre pérdidas insostenibles o la paralización de obras, siendo ésta última la opción más viable.