El conflicto en Oriente Medio ha vuelto a demostrar que, en un mundo globalizado, ninguna guerra es realmente lejana. La reciente escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán ha tenido un impacto inmediato en los mercados energéticos internacionales, especialmente tras las tensiones en el estrecho de Ormuz, por donde transita una parte esencial del petróleo mundial. El resultado ha sido un encarecimiento súbito de los combustibles y de la electricidad que ya se deja sentir en España y el resto de Europa.
Reducción del IVA.
En este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reaccionado con un paquete de medidas de carácter urgente. La reducción del IVA en combustibles y energía, las ayudas directas a sectores estratégicos y la ampliación del escudo social buscan contener el impacto del conflicto desatado por Trump y Netanyahu. En total, un plan que moviliza 5.000 millones de euros y que pretende amortiguar los efectos de una crisis que no tiene origen interno, pero sí consecuencias directas sobre la economía nacional. Las primeras reacciones en Baleares y en las Pitiusas no se han hecho esperar. En el caso de Ibiza y Formentera, la cautela se mezcla con la decepción de los transportistas, pues ya tienen claro que no les ayudará a capear esta crisis.
Factores fuera de control.
En este contexto, Baleares emerge como un caso paradigmático de esa fragilidad. La economía del archipiélago es especialmente sensible al aumento de los costes energéticos. El encarecimiento del petróleo no solo afecta al transporte aéreo –clave para la llegada de visitantes–, sino también a toda la cadena de suministro. La preocupación del Govern no es casual. El Ejecutivo balear inició días atrás contactos con agentes sociales y económicos para evaluar el impacto y diseñar medidas complementarias a las estatales. De momento, el mensaje es de prudencia, pero también de incertidumbre ante una crisis cuyo alcance depende de factores geopolíticos que ahora mismo parecen estar fuera de cualquier control.