El segundo Govern Armengol, formado por el PSIB-PSOE, Unidas Podemos y Més per Mallorca, compró, mediante un procedimiento de urgencia, a Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas 1.481.990 mascarillas en abril de 2020, por las que pagó 3,7 millones de euros. Hoy siguen almacenadas y no llegaron a utilizarse. En agosto de 2023, con el Govern de Marga Prohens, el Partido Popular denunció aquel contrato por «incumplimiento culpable de la contratista», al que reclamó 2,6 millones de euros por la diferencia de precio entre las mascarillas tipo FFP2 solicitadas y las mascarillas quirúrgicas entregadas. La Conselleria de Salut abrió después la declaración de nulidad del contrato, para reclamar los 3,7 millones de euros abonados por aquel material sanitario. Estos hechos forman parte del ‘caso mascarillas’ que hoy empieza a juzgar el Tribunal Supremo. El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sentarán en el banquillo de los acusados por irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia.
Armengol, citada como testigo
Este caso de corrupción, que mantiene a Ábalos y a Koldo en la cárcel desde noviembre, afecta directamente a Balears. La anterior presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, hoy al frente del Congreso de los Diputados, debe declarar como testigo para aclarar las gestiones realizadas y cómo influyó la trama Ábalos-Koldo en la compra de unas mascarillas que acabarán siendo destruidas.
Responsabilidades de los que decidieron
La Fiscalía Anticorrupción, que reclama elevadas penas para Ábalos, Koldo y Aldama por tráfico de influencias, cohecho y malversación de fondos públicos, debe llegar al fondo de este grave caso que se inició en Balears. Es preciso aclarar todas las dudas que persisten y determinar el papel y las responsabilidades de todos los que intervinieron y tomaron decisiones.