El proceso extraordinario de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno ha comenzado a evidenciar importantes dificultades en su puesta en marcha. En el caso de Ibiza, la confusión es generalizada y entidades como Cáritas están registrando colas de personas migrantes que no saben a dónde acudir ni qué papeles necesitan exactamente. En Correos de Isidor Macabich, además, son muchas las personas que se acercan también precisamente a pedir información y desde UGT aclararon que únicamente se encargan de recoger documentación, no de resolver dudas ni realizar trámites. Por su parte, los cinco ayuntamientos están experimentando un incremento de solicitudes en los Servicios Sociales para conseguir el certificado de vulnerabilidad. Según el Boletín Oficial del Estado, el informe debe ser emitido por los servicios sociales municipales o por entidades colaboradoras del Gobierno. Sin embargo, estos organismos reconocen que todavía no disponen de instrucciones claras sobre cómo tramitarlo.
Complejidad
Más allá de los problemas técnicos y organizativos, el desarrollo del proceso también se ve condicionado por la falta de coordinación entre administraciones. El distinto signo político entre el Govern y el Ejecutivo central no facilita la colaboración necesaria para gestionar con eficacia un procedimiento de esta complejidad.
Debate de fondo
En un plano más amplio, lo ocurrido reabre un debate de fondo: la capacidad real de las administraciones para ejecutar políticas públicas complejas en plazos reducidos. La ausencia de planificación y de criterios claros transmite una evidente sensación de improvisación en un proceso de enorme trascendencia. Cuando están en juego los derechos de miles de personas en situación de vulnerabilidad, los procedimientos deben ofrecer seguridad jurídica, claridad y una gestión eficaz.