Ni nombre, ni apellidos. A veces, ni siquiera un rostro reconocible. En Balears, más de 150 cuerpos permanecen hoy atrapados en un limbo administrativo y humano: el de quienes murieron sin que nadie haya podido decir quiénes eran. No es solo una cifra. Es la constatación de un fracaso colectivo que interpela a instituciones, a la cooperación internacional y, también, a nuestra propia conciencia como sociedad. El fenómeno no es nuevo, pero sí creciente. En apenas cuatro años, el número de cadáveres sin identificar ha pasado de cerca de 90 a superar los 150, y descansan en fosas y cámaras del instituto de medicina legal. Lejos de reducirse, el problema se agrava con un goteo constante de hallazgos —unos quince al año— que convierten el mar que rodea las islas en una frontera silenciosa y, con demasiada frecuencia, definitiva. La mayoría de estos cuerpos corresponde hoy a inmigrantes que intentaban alcanzar Europa; otros son víctimas de accidentes o de muertes violentas. Todos comparten el mismo destino provisional: el anonimato.
Dificultades.
El esfuerzo de la Guardia Civil, la Policía Nacional y los forenses es innegable. Recursos técnicos, bases de datos genéticas y horas de trabajo se destinan a una tarea compleja y, en ocasiones, titánica: devolver una identidad a quien la ha perdido. El ADN, que en los años noventa supuso una revolución, sigue siendo hoy la principal herramienta. Pero no basta. Sin muestras con las que comparar, sin denuncias de desaparición conectadas a estos casos, sin una cooperación internacional ágil y efectiva, la tecnología se queda a medio camino.
Sin colaboración.
Ahí reside uno de los principales nudos del problema. La identificación de muchas de estas víctimas —especialmente las procedentes del norte de África— depende de la colaboración con sus países de origen. Y esa colaboración, a día de hoy, es claramente insuficiente.