La declaración de Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional introduce un matiz político y judicial relevante en el llamado ‘caso mascarillas’, que se gestó -al menos en parte- en Baleares. El empresario ha asegurado que no le consta que Francina Armengol ni su Govern cobraran comisiones ilegales por la adjudicación de contratos durante la pandemia. Esa afirmación merece ser tenida en cuenta y respetada, porque en un Estado de derecho las responsabilidades penales deben acreditarse con pruebas y no con insinuaciones. Pero que Armengol quede desvinculada de un posible cobro de mordidas no significa que su nefasta gestión política quede exonerada. Son dos planos distintos. Y conviene no confundirlos. La compra de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros al entramado investigado sigue siendo uno de los episodios más opacos y difíciles de justificar de la gestión de la pandemia en Baleares. Las mascarillas adquiridas no cumplían las condiciones exigidas, nunca llegaron a utilizarse y permanecen almacenadas años después, convertidas en símbolo de una gestión fallida y de un gasto público difícilmente defendible.
Diligencia y transparencia.
La emergencia sanitaria explica la urgencia, pero no puede justificarlo todo. Precisamente en los momentos de mayor presión institucional es cuando más necesarias son la diligencia, los controles y la transparencia. El Govern de entonces no solo adquirió un material que resultó inservible sino que tardó años en reaccionar administrativamente para reclamar responsabilidades a la empresa adjudicataria, lo que sin duda ha levantado sospechas.
Gestión deficiente.
En cualquier caso, Aldama podrá haber exculpado a Armengol de la sospecha de corrupción directa. Pero eso no borra una evidencia política incómoda: la operación de compra de mascarillas en Baleares fue un fracaso de gestión que sigue proyectando una larga sombra sobre aquella etapa del Govern.