El Colegio de Abogados de Baleares ha denunciado «un caos sin precedentes» por la implantación de los tribunales de instancia y oficinas judiciales «precipitada, sin medios y sin personal», en sustitución de los juzgados unipersonales. La junta de gobierno de esta corporación profesional expone que el déficit de personal, las incidencias técnicas y la disparidad de criterios en la admisión del requisito de procedibilidad ha generado «más inseguridad jurídica, nuevos e intolerables retrasos y aleja a la Justicia de la eficiencia pretendida». Esta denuncia se difunde 24 horas después de conocer el informe, redactado por la presidencia del Tribunal de Instancia de Palma, que califica de «extrema precariedad» la situación de los juzgados palmesanos y constata bloqueos como el de 24.109 escritos registrados en uno de los servicios comunes y están todavía sin proveer, tramitar ni resolver. En el caso de Ibiza, la situación no mejora, tal y como explicó Sergio González Malabia, presidente del Tribunal de Instancia, este miércoles en el programa BNP de TEF. En este sentido, González Malabia explicó a modo de ejemplo que hay demandas presentadas a finales del año pasado que aún no se han admitido a trámite.
Más déficit y dificultades en Baleares.
Los abogados subrayan que el déficit de personal y la falta de recursos es «aún más grave» en Balears que en otras comunidades porque el precio «casi inasumible» de la vivienda en las Islas hace que el archipiélago «no sea el destino elegido por los funcionarios de la Justicia o que buena parte de ellos abandonen las islas en cuanto tienen oportunidad de traslado». Las dificultades de Balears provocan un déficit estructural, una rotación constante y una gran inestabilidad que dificultan más el trabajo.
Dimensionar los medios y recursos.
Magistrados, jueces y letrados coinciden en que el nuevo modelo adolece de falta de medios materiales, y, sobre todo, un colosal déficit de personal, tanto en la judicatura como en la plantilla de trabajadores de tramitación y de gestión, que provocan nuevos retrasos. Antes de promover una reforma de la envergadura de la Ley de Eficiencia, el Gobierno tendría que haber dimensionado los medios materiales y las plantillas de jueces y del personal a las necesidades reales que presenta la Justicia.