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Competencia sí, pero no a costa del futuro de Ibiza

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El recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra el acuerdo del Consell d’Eivissa que limita a 14.000 los vehículos de alquiler que podrán circular este verano abre un debate que va mucho más allá de una cuestión jurídica. Lo que está en juego no es únicamente cómo se reparten las autorizaciones entre las empresas de rent a car, sino el derecho de una isla a protegerse de una saturación que hace tiempo dejó de ser asumible.

La CNMC cumple con su función al velar por la libre competencia, pero ese principio no puede situarse por encima del interés general. Ibiza es un territorio limitado, con unas infraestructuras viarias que llevan años soportando una presión excesiva. Los atascos, la pérdida de calidad de vida y el impacto ambiental son una realidad que conocen residentes y visitantes.

Equilibrio.
La limitación de vehículos responde precisamente a esa necesidad de preservar el equilibrio entre actividad económica y sostenibilidad. Además, no se trata de una decisión improvisada, sino del desarrollo de una ley aprobada para dar respuesta a una demanda social ampliamente compartida y respaldada democráticamente en las urnas. Quienes hoy gobiernan el Consell lo hacen con el mandato de afrontar uno de los principales problemas que preocupan a la ciudadanía. Es posible que el sistema de adjudicación de autorizaciones pueda mejorarse para hacerlo más transparente o competitivo. Si así lo determinan los tribunales, habrá que adaptarlo. Pero una cosa es revisar el procedimiento y otra muy distinta cuestionar el límite de vehículos, una medida imprescindible para garantizar el futuro de la isla.

Interés general.
Ibiza no puede permitirse crecer indefinidamente en número de coches. Su territorio tiene límites físicos que ninguna teoría económica puede ignorar. Defender la regulación no es ir contra el mercado, sino recordar que la libertad económica también debe convivir con la protección del medio ambiente, el interés general y el derecho de los ibicencos a vivir en una isla más habitable.

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