Una crisis de seguridad exige coordinación, información y una respuesta común. En Ceuta, sin embargo, el Gobierno ha acabado ofreciendo dos versiones distintas sobre lo que ocurrió antes de la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. Margarita Robles asegura que el CNI avisó y trasladó información a las autoridades; Fernando Grande-Marlaska sostiene que Interior no recibió ninguna alerta que permitiera anticipar lo sucedido.
Una discrepancia grave.
La discrepancia es especialmente grave porque afecta al funcionamiento de los servicios de inteligencia y a la coordinación de los organismos responsables de la seguridad de una frontera española. El Gobierno debe aclarar qué información existía, quién la recibió y, sobre todo, qué se hizo con ella. El secreto de Estado es comprensible; la falta de explicaciones sobre una posible descoordinación, no. La respuesta del Ejecutivo, con la declaración de Ceuta como situación de interés para la Seguridad Nacional y el establecimiento de un mando único, puede ser necesaria. Pero llega después de que la crisis haya puesto en evidencia unas grietas que no deberían existir entre Interior, Defensa y los servicios de inteligencia.
Asumir responsabilidades.
Entre tanto, los militares siguen haciendo su trabajo. También los 30 efectivos del Regimiento Palma 47 con base en Mallorca que han sido desplazados a Ceuta. A ellos corresponde reconocerles su labor y el esfuerzo que están realizando para reforzar la seguridad en la ciudad autónoma. Al Gobierno le corresponde ahora algo distinto: asumir responsabilidades, aclarar las contradicciones y explicar qué falló en la cadena de información y coordinación. Los ciudadanos no necesitan una batalla de versiones entre ministros, sino la certeza de que, ante una nueva alerta, Interior, Defensa, los servicios de inteligencia y el resto de las instituciones implicadas actuarán de forma coordinada.