La comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso debía servir para despejar dudas sobre lo ocurrido en Ceuta. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, deja abiertas demasiadas preguntas. El presidente sostiene que ningún informe anticipó la magnitud de la entrada masiva y admite que «fallaron cosas» que deberán mejorarse. También ha ordenado publicar los informes previos. Es un paso necesario, pero llega cuando la desconfianza ya se ha instalado y nadie le cree. Especialmente llamativa es la explicación sobre el informe policial que advertía de un riesgo elevado. Sánchez ha precisado que se refería a las llegadas marítimas a la Península y Baleares, no a Ceuta. La aclaración puede ser técnicamente relevante, pero no resuelve la cuestión de fondo: ¿Qué información manejaba realmente el Estado antes de una crisis de semejante dimensión y qué se hizo con ella? Si se disponía de esa información, ¿por qué no se actuó con más contundencia?
Entrada planificada
Tampoco basta con afirmar que no existen pruebas concluyentes de que Marruecos organizara la operación. El informe policial conocido estos días habla de una entrada planificada y de una actuación, cuando menos, permisiva de agentes marroquíes. Si finalmente se demuestra que hubo una actuación deliberada desde el otro lado de la frontera, España deberá responder con toda la firmeza diplomática que corresponda. Ceuta es España y su frontera es frontera europea. Defenderla no significa renunciar a los derechos humanos ni convertir a los inmigrantes en enemigos.
Explicaciones inmediatas
El Estado debe garantizar simultáneamente la seguridad, el control fronterizo y una respuesta humanitaria. Lo sucedido ha generado una legítima sensación de desprotección que también se ha expresado en Baleares. En este sentido, la presidenta Marga Prohens ha exigido explicaciones inmediatas y ha advertido de que no podemos estar desprotegidos. Ahora toca transparencia, información y responsabilidades. Sin excusas.