Hay preguntas que no deberían admitir evasivas. Y la que plantea Marga Prohens al Gobierno de Pedro Sánchez es una de ellas: si el Ejecutivo disponía de informes que advertían de un «alto riesgo» de llegadas masivas de inmigrantes a Balears, ¿qué hizo con esa información y por qué no fue comunicada al Govern? La cuestión adquiere especial relevancia después de que el propio presidente del Gobierno revelara en el Congreso la existencia de esos informes. Prohens sostiene que Sánchez estuvo en Palma el 29 de julio, se reunió con ella y le trasladó entonces que los flujos migratorios estaban mejorando. Sin embargo, según la presidenta, en ese momento el Ejecutivo ya conocía una situación que podía afectar directamente a las Islas. No se trata de exigir al Gobierno que adivine el futuro. Se trata de saber si, ante una alerta de seguridad, se actuó con la diligencia necesaria y si las instituciones que debían estar preparadas recibieron la información. Si había riesgo, Baleares tenía derecho a conocerlo. Y si se adoptaron medidas, también tiene derecho a saber cuáles fueron.
Respuesta inmediatas
La respuesta de la Delegación del Gobierno, que asegura que existe un seguimiento permanente de las condiciones que favorecen las llegadas, no despeja por sí sola la principal incógnita: qué información concreta manejaba el Ejecutivo y qué decisiones tomó después de recibirla. Además, los hechos aconsejan no perder tiempo en discusiones partidistas. Este mismo viernes han sido interceptadas 75 personas llegadas irregularmente en cuatro pateras a Mallorca y Formentera.
Una cuestión de seguridad
La inmigración irregular exige humanidad, pero también prevención, seguridad y coordinación institucional. Baleares es frontera sur de Europa y no puede enterarse por una intervención parlamentaria de que existía una alerta que afectaba a sus costas. No es serio.