E l IPC del mes de marzo se ha comportado muy mal, según la jerga de los economistas y los políticos, situándose en un 2'2 por ciento, lo que significa un punto y medio por encima de la media de los países de la UE inscritos en el euro. Una mala noticia que el Gobierno central no ha tenido más remedio que admitir y diagnosticar asumiendo la parte de culpa correspondiente.
Rodrigo Rato, vicepresidente económico del Gobierno, tuvo que aparecer públicamente para anunciar este aumento de la inflación, examinar las causas y determinarlas y anunciar un plan de choque para rebajar este 2'2 por ciento a límites aceptables, ya que no óptimos.
Por supuesto que encontró un resquicio para repartir culpas: el precio de la vivienda no es enteramente controlable por el Gobierno central porque uno de los elementos más incidentes en su coste es el encarecimiento del suelo, que es competencia autonómica. Claro que su propio partido, el PP, gobierna en varias comunidades autonómicas, entre ellas la balear, de modo que su parte alícuota de culpa también puede imputarse.
Así que Rato presentó un plan de choque basado, principalmente, en la rebaja de las tarifas de las empresas de servicios públicos como las de suministro eléctrico y de gas, la telefonía o las autopistas, entre otras, que ha tenido una inminente consecuencia negativa: la bolsa se ha resentido por las expectativas de reducción de beneficios.
Pero, además, con estas medidas que influyen directamente en la economía doméstica (que eso es el IPC), el Gobierno central también admite su responsabilidad porque, con la euforia anterior, se habían relajado los sistemas de control y no se había controlado su continuidad. Si el señor Rato hubiera adoptado estas medidas con anterioridad, el IPC de marzo habría sido positivo.