Aún colean los ecos de la decisión de la Generalitat de Catalunya de no renovar la autorización del uso de frecuencias a tres emisoras de la cadena COPE en Catalunya. El caso no es para menos porque supone un peligroso y feo precedente en la actual etapa democrática de una España que ya no tiene nada que ver con una dictadura de cuarenta años en los que fueron conculcados muchos derechos, alguno de ellos tan sustancial como el de la libertad de expresión.
Se han ido felizmente aquellos tiempos en que se cerraban periódicos y emisoras por vía administrativa sin ninguna posibilidad de defensa ante unos tribunales que, como la propia Administración, estaban al servicio del Régimen. Por supuesto que no tenemos la menor intención de comparar la decisión del Gobierno catalán "que todo el mundo atribuye, personalmente, a su presidente", ni siquiera con una sombra de dictadura, pero convengamos en que la medida que afecta a la COPE no es, precisamente, un modelo de respeto a la libertad de expresión y de opinión.
Es un error claro de procedimiento. Sin entrar en valoraciones del contenido de los programas y de las opiniones de esa cadena, lo cierto es que contra ellos existe siempre la vía judicial. Aprovechar el vencimiento de un plazo de concesión para adoptar represalias es peor que una bajeza; es un error. El presidente Pujol dio algunas explicaciones que agravaron el error y, ahora, el problema sigue vivo, a la espera de una rectificación por parte de la Generalitat o una sentencia judicial que invalide tan arbitraria decisión.
Por otra parte, hay que instar a modificar la legislación a fin de no facilitar este tipo de actuaciones y preservar a los profesionales y empresas de comunicación de la posibilidad de ajustes de cuentas.