Con la formación del nuevo Govern balear se ha producido un fenómeno curioso que provoca cierta perplejidad en la ciudadanía. Y es que ahora mismo, en las Balears, se impone el criterio de una minoría muy minoritaria. Cierto que, ante la falta de una mayoría absoluta, es completamente natural que los partidos afines se unan para formar un grupo mayoritario capaz de asumir la responsabilidad del gobierno. Pero esa posibilidad conlleva sus riesgos y, en este caso, estamos asistiendo, quizá, a la prepotencia de un partido, Unió Mallorquina, que con sólo tres diputados en el hemiciclo autonómico impone sus criterios al resto de sus compañeros de viaje.
Y como era de prever, ya han empezado a vislumbrarse las primeras tensiones en el seno de la coalición de progreso. Los conflictos han tardado sólo unos días en hacerse patentes en el Consell de Mallorca en forma de subidas de sueldos, de tasas de incineración y de contratos de asesores.
Las primeras decisiones adoptadas por los nuevos gobernantes han provocado roces entre unos y otros. A las bases del PSM y de Esquerra Unida no les han sentado bien las subidas de sueldos en el Consell de Mallorca, mientras que en el Consell d'Eivissa i Formentera ya se ha decidido que no habrá aumento salarial este año. A Els Verds, como es lógico, le parece una barbaridad que Maria Antònia Munar apruebe las tasas de incineración sin pasar por el pleno y al PSOE le ha sentado como una patada que se haya contratado al abogado Rafael de Lacy, amigo personal de Munar, para que lleve los asuntos jurídicos del CIM, cuando está a punto de ser nombrado alto cargo de esa misma institución.
Los partidos de izquierdas "y el PP" ya sabían cuál era el precio que había que pagar. La pregunta que se formulan es cuántas claudicaciones deberán hacer para mantener el pacto.