Ya desde el inicio de las negociaciones para la formación del nuevo Govern balear una de las cuestiones importantes en el programa de progreso era la oposición a las nuevas autopistas. Los integrantes del pacto apostaban por paralizar la construcción de autopistas en las Islas para hacer hincapié en otro tipo de vías, más modestas pero, en su opinión, igualmente seguras, y, sobre todo, que tuvieran un menor impacto en el paisaje y el medio ambiente. Quizá muchos isleños estén de acuerdo en esas premisas, porque a nadie le gusta ver su territorio atravesado por esas cicatrices de asfalto que son las autopistas, pero tampoco hay que caer en la exageración de que no se puede tocar ni un palmo de tierra.
El problema es que quizá ahora no tengamos dinero ni para autopistas, rechazadas por el nuevo Govern, ni para simples carreteras. El convenio firmado con el Gobierno de Madrid establecía unas inversiones muy concretas. Si no hay autopistas, no hay dinero. Y no se trata de una nimiedad. Estamos hablando de 36.800 millones de pesetas que el Gobierno central pensaba dedicar a nuestro sistema vial, que ahora se verá afectado por el cambio de gobierno.
Madrid será quien tenga la última palabra en este asunto y tendrá que ser el Govern quien ofrezca al Ministerio de Fomento un proyecto alternativo que sustituya al anterior. Pero a nadie se le oculta que el Gobierno del PP no dará excesivas facilidades y que utilizará la cuestión como arma arrojadiza. El peligro es que los ciudadanos de Balears salgamos perjudicados. Este dinero no se puede perder. En Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera son necesarias fuertes inversiones en carreteras. Lo de menos es que se llamen autovías o carreteras desdobladas. Lo que importa es que se mejoren las actuales carreteras y se gane en seguridad.