Un reciente informe procedente del mundo de la banca establece sin el menor género de dudas que España no sólo precisa en este momento de la inmigración, sino que debería triplicar el cupo anual de la misma. Textualmente se dice que la inmigración no es un problema, sino una solución. Una mayor presencia de mano de obra extranjera solventaría la actual escasez de la misma y garantizaría el cobro de las pensiones, amenazadas por la caída de la población activa. En suma, los banqueros piden que el actual cupo que autoriza la entrada de 30.000 inmigrantes anuales en España, pase a ser de 100.000, evitándose así el «boom» salarial que se produciría "y en Mallorca ya sabemos algo de esto" si escasea la mano de obra, con la consiguiente subida de precios y aumento de la inflación.
Consecuentemente, abogan por el diseño de una política de inmigración más abierta y susceptible de tender a estos factores. Es posible que la banca tenga razón, o cuando menos su razón. Pero no debemos olvidar que los poderes económicos siguen sus propios intereses, y que estos razonamientos fríos y objetivos no resultan siempre del todo útiles desde perspectivas sociales, e incluso políticas. El exigir más inmigrantes por motivos exclusivamente económicos, podría llevarnos a correr el riesgo de favorecer conflictos de otra índole. Cierto que el prejuicio, como tal, jamás debe ser aceptado como un argumento de peso.
Pero no es menos cierto que a la hora de adoptar una serie de medidas, digamos «chocantes», una sociedad debe forzosamente estar preparada para ellas. Lo que nos lleva a recomendar que iniciativas como las que propone ahora la banca, deban ser estudiadas y sopesadas con la mayor escrupulosidad, y por descontado, sometidas a un debate social de todo imprescindible.