Como ya nos tiene acostumbrados, la banda terrorista ETA vuelve a resurgir de su silencio para lanzar un nuevo órdago al Gobierno y a toda la sociedad, a la vez que la policía francesa lleva a cabo nuevas y decisivas detenciones. El último comunicado de la banda invita al Gobierno de la nación a un nuevo encuentro para dialogar, pero lo hace imponiendo una serie de condiciones que, a priori, parecen más una tomadura de pelo que una propuesta seria de proceso de paz.
La mayoría de los políticos, naturalmente, ha acogido la invitación al diálogo con asombro, escepticismo y, algunos, con muestras del más absoluto rechazo. Primero, los terroristas nombran a sus interlocutores, que resultan ser tres activistas encarcelados con una larga y macabra historia a sus espaldas. Luego, exigen la excarcelación de todos los presos vascos, el abandono de las Fuerzas de Seguridad del Estado y del Ejército español del territorio vasco y, por último, la aceptación por parte del Gobierno de la decisión que adopten los ciudadanos de Euskal Herria respecto a su futuro "lo que se ha dado en llamar autodeterminación".
Las dos primeras condiciones son de por sí un disparate, aunque quizá con el tiempo, y cumpliendo una serie de requisitos, podría darse una amnistía y el abandono de Policía Nacional y Guardia Civil de Euskadi. La tercera, que a simple vista parece más sencilla, es la más difícil de cumplir. En el caso, claro, de que el Gobierno quisiera aceptar las condiciones etarras. Y es difícil porque al hablar de Euskal Herria y no de Euskadi, los etarras involucran en el proceso de paz a las tres provincias vascas", junto a las tres vasco-francesas y Navarra. Y hoy en día, cuando tres de esos territorios pertenecen a Francia y Navarra constituye otra comunidad autónoma, la unión de las siete provincias históricas resulta imposible.