El Govern balear acaba de decidir taponar uno de los últimos huecos del crecimiento de la planta vacacional de las Islas: no permitir nuevas viviendas que se pongan en alquiler turístico. Se trata de una vieja asignatura pendiente y que afectará especialmente, por su proporción, a la isla de Formentera, donde se ha concentrado este tipo de oferta por la mayor limitación de la planta hotelera.
Después de una moratoria del crecimiento de plazas turísticas instigada por el Ejecutivo autónomo y de regulada la legalización de una práctica muy habitual, faltaba la limitación del crecimiento de esta última área, que quedó fijada ayer con el proyecto de ley anunciado tras la reunión del consell de govern. En él se especifica que sólo aquellas viviendas que estén registradas o hayan comenzado a legalizarse tendrán derecho a continuar con la explotación, pero no así aquellas que se pretendan explotar a partir de este momento. El objetivo es evidente: poner límites a un complemento de la oferta hotelera tradicional que unas veces ha sido competidor pero otras válvula reguladora que da alojamiento a visitantes que ya no pueden utilizar la planta convencional en algunos momentos de la temporada estival.
Se trata, nadie puede ponerlo en duda, de una oferta válida, pero sólo si está controlada y regulada. A partir del momento de su aplicación, los usuarios tendrán una base aún más sólida con la que reclamar ante los propietarios que no cumplan con lo pactado mientras que, al mismo tiempo, se dignificará algo que se ha realizado normalmente casi en un ambiente de clandestinidad. De todas formas, las autoridades turísticas tendrán aún el reto de hacer mantener la legalidad vigente, para lo que tendrán que mejorar sus labores de inspección.